En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez.

Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave, que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

La medida alcanza a los activos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, así como bienes de empresas que fueron consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra de corrupción, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas. También se dispuso el decomiso de bienes que habían sido transferidos por vía hereditaria a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del TOF 2.