
Condenaron en España a un hombre por abusar de una argentina que viajó para un casamiento
La Justicia de Alicante impuso una pena de siete años de prisión a un ciudadano uruguayo de 61 años.
La Justicia de España dictó una condena de siete años de prisión para un hombre de 61 años de nacionalidad uruguaya, tras hallarlo culpable de agredir sexualmente a una mujer argentina el año pasado. La víctima, una conocida de la infancia del agresor, había viajado especialmente desde la Argentina hacia la localidad de Mutxamel con el propósito de asistir al casamiento del hijo del acusado.
De acuerdo con lo informado por el medio Noticias de Navarra, los hechos ocurrieron entre la noche del 12 de junio de 2025 y la madrugada de la jornada posterior. La mujer y su hermana se habían alojado en la vivienda de la expareja del imputado. Tras salir a cenar y realizar un recorrido nocturno por la ciudad, el agresor atacó sexualmente a la víctima en el inmueble que compartían temporalmente.
Posteriormente al episodio, las dos hermanas abandonaron la propiedad y se dirigieron al puesto de la Guardia Civil para radicar la denuncia correspondiente, acción que derivó en la inmediata detención del sospechoso y su posterior dictado de prisión preventiva.
Durante el debate oral celebrado el pasado 13 de octubre, el acusado intentó sostener que el acto había sido consensuado. Sin embargo, los magistrados descartaron de plano esa hipótesis y le otorgaron plena credibilidad al testimonio brindado por la mujer argentina, quien declaró por sistema de videoconferencia desde su país natal.
La versión de la damnificada fue respaldada por las declaraciones de su hermana, la intervención del agente de la Policía Local que las escoltó a realizar la denuncia y las pericias médicas correspondientes.
Además de la pena de siete años de carcel efectiva, el fallo judicial, dictado por un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante, establece una orden de restricción de acercamiento a una distancia mínima de 300 metros durante diez años, seis años de libertad vigilada y el pago de una indemnización económica de 30.000 euros en concepto de reparación de daños.
La resolución no se encuentra firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.