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El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil y logró otro triunfo legislativo

El oficialismo logró sancionar la norma que baja a los 14 años la edad de imputabilidad con 44 votos a favor y 27 en contra.

El Senado sancionó este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que baja a los 14 años la edad de imputabilidad y contempla penas de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves que involucren violencia y muerte. La aprobación del nuevo marco legal se concretó tras más de siete horas de sesión, durante una jornada en la que se registraron manifestaciones en la zona del Obelisco y frente al Congreso y también cortes de calles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

Ley Penal juvenil

Los cambios más significativos que propone la ley son:

Baja de la edad de imputabilidad. Es el eje central de la reforma. La edad mínima de responsabilidad penal baja de 16 a 14 años. Esto significa que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados y condenados por delitos tipificados en el Código Penal, algo que hasta hoy no era posible.

Escala de penas y límites máximos. El proyecto establece un sistema de penas graduado para evitar que los menores reciban el mismo trato que un adulto. Se prohíbe explícitamente la prisión perpetua y se dija un tope de 15 años de prisión para delitos graves (homicidios, violaciones, secuestros o robos con armas). Para chicos de 14 años, la pena se reduce a la mitad (mínimo y máximo); y para chicos de 15 años, la pena se reduce en un tercio. Para delitos con penas menores a 3 años, no se aplicará la privación de la libertad.

Medidas alternativas y justicia restaurativa. Para delitos que no revistan extrema gravedad (penas menores a 10 años que no incluyan muerte o lesiones gravísimas), se priorizan sanciones no carcelarias como servicios a la comunidad; prohibición de acercamiento a las víctimas o de concurrir a ciertos lugares; y monitoreo electrónico.

Mediación penal. Se habilita la resolución de conflictos mediante el diálogo entre el joven y la víctima (con consentimiento de esta última).

Condiciones de detención y centros especializados. La ley prohíbe terminantemente que los menores convivan con detenidos adultos. Se crearán centros de detención especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia.El enfoque debe ser socioeducativo, garantizando el derecho a la educación, salud y tratamiento de adicciones.

El rol de la víctima. El nuevo régimen otorga a las víctimas un papel activo en el proceso. Tienen derecho a ser informadas de cada avance, a ser escuchadas antes de que el juez tome decisiones importantes (como excarcelaciones) y a recibir asistencia psicológica y jurídica gratuita.

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