Las primeras audiencias imputativas por los allanamientos realizados el 6 de marzo en la ciudad de San Javier permitieron formalizar acusaciones contra 17 personas vinculadas a tres organizaciones dedicadas a la venta minorista de estupefacientes. Dos de las detenciones se concretaron dentro de establecimientos carcelarios y policiales y otras tres personas continúan prófugas.

Las investigaciones se tramitan ante la Unidad Fiscal Especial en Microtráfico (UFEMI) del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de los fiscales Diego Vigo y Arturo Haidar; y el fiscal de San Javier, Pablo Lipowy.

Las pesquisas revelaron tres estructuras criminales independientes, aunque con características similares: estaban lideradas por mujeres, integradas por miembros del núcleo familiar y abastecidas con droga que era trasladada por vía terrestre desde la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI) de San Javier, tras órdenes judiciales y derivaron en secuestros de cocaína, marihuana, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización.

De las tres causas abiertas, en una ya se acordó la prisión preventiva de los principales acusados, mientras que otra tiene audiencia cautelar prevista para el viernes y la restante aguarda que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha de tratamiento durante esta semana.

Desde la cárcel

La primera investigación apunta a una organización que, según la fiscalía, operó desde comienzos de 2024 a la actualidad en el barrio Los Reubicados.

La estructura era encabezada por Natalia Soledad Duarte, quien se encuentra detenida en la cárcel de Mujeres de Santa Fe por otra causa vinculada a drogas. Aun desde prisión, habría continuado dirigiendo el negocio ilegal.

Su pareja, Walter Miguel Bianco, era quien se encargaba de traer los estupefacientes desde la capital provincial, utilizando un Chevrolet Prisma blanco, además de reclutar colaboradores para la venta y protección del circuito.

Dicha tarea la realizó hasta su detención, la cual cumple en la alcaidía de la Unidad Regional VII desde el año pasado. Su rol fue suplantado por otra personas de confianza de Duarte, quien permanece prófugo.

Dentro del grupo también estaban los hijos de Duarte. Ivón Ayelén Costanzo vendía droga tanto en su vivienda como mediante la modalidad de delivery, además de encargarse de los cobros en efectivo o por transferencias a billeteras virtuales. Sus hermanos Abigail Nailen Costanzo y Gustavo Emanuel Costanzo cumplían funciones de vigilancia en los puntos de venta.

Durante los allanamientos en dos viviendas del barrio se secuestraron 384 gramos de marihuana, 7,6 gramos de cocaína, una balanza digital y recortes para fraccionamiento.

La audiencia fue dirigida por el juez Sergio Carraro, quien dispuso la prisión preventiva de los principales imputados, medida que fue consentida por los defensores Ramiro Carrasco y Martín Peón, ante la contundencia de la evidencia reunida durante dos años de investigación.

Otra familia bajo sospecha

La segunda causa también se desarrolla en el barrio Los Reubicados y tiene como principal imputada a Julieta Agostina E., señalada como la persona que dirigía el grupo desde su vivienda.

Según la acusación, la organización se dedicaba a la adquisición, traslado, almacenamiento y posterior venta de estupefacientes, que igualmente eran transportados desde Santa Fe.

Su hermano Sergio Alfredo E. habría brindado protección armada y apoyo logístico. En tanto otros dos hombres que participaban de la venta, permanecen prófugos.

En los allanamientos se secuestraron 37,4 gramos de marihuana en la vivienda de la principal imputada y pequeñas cantidades de cocaína fraccionada en el domicilio de su hermano.

La investigación se inició en junio de 2025 a raíz de un episodio de disparos en la casa de la mujer, lo que derivó en un procedimiento policial que permitió incautar cocaína y abrir la causa por microtráfico.