En un fallo sin precedentes, la Justicia de Santa Fe dictó una sentencia que marca un hito para el sector agropecuario, al establecer que el cobro de la tasa por hectárea debe estar justificado con servicios concretos, como el mantenimiento de caminos rurales.

Esta decisión, calificada como "exquisita" por el abogado Pablo Torres Barthe, introdujo un cambio radical en la relación entre los productores rurales y las comunas, priorizando la transparencia y los derechos de los contribuyentes.

El fallo surgió en respuesta a las recurrentes problemáticas que enfrentan los productores, quienes denuncian el deterioro de caminos y canales, una situación que está costando vidas en la Argentina rural.

En las últimas semanas, accidentes en caminos mal mantenidos en provincias como Buenos Aires dejaron en evidencia la urgencia de abordar esta cuestión. 

La sentencia establece que el mantenimiento de los caminos rurales es un servicio público y, por lo tanto, los productores son consumidores con derechos constitucionales, como el acceso a información veraz sobre el destino de los fondos recaudados.

"Es un fallo que combina tasas, transparencia pública, acceso a la información y derechos del consumidor", explicó Torres Barthe a Cadena 3. La resolución determina que las comunas no podrán cobrar la tasa rural sin detallar los gastos efectivamente realizados en el mantenimiento de caminos. "Si la comuna no informa en qué gasta, no puede cobrar", subrayó el abogado.

Este cambio de lógica implica que los municipios deberán rendir cuentas sobre los fondos recaudados y justificar su uso exclusivo en el mantenimiento de caminos, evitando que se destinen a otros fines, como festivales u otros gastos municipales.

Aunque el fallo es un avance significativo, se espera que sea apelado. Sin embargo, su impacto trasciende lo inmediato, ya que sienta un precedente que podría alinear a otras entidades y productores en la defensa de sus derechos.

La sentencia no solo busca garantizar la transparencia en la gestión de los recursos, sino también asegurar que los fondos se inviertan efectivamente en mejorar los caminos rurales, una necesidad crítica para la seguridad y el desarrollo del sector agropecuario en Santa Fe y, potencialmente, en todo el país.