El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y ex director del Organismo de Investigaciones (OI) Marcelo Sain fue citado a audiencia imputativa para el martes de la semana próxima en el marco de la causa que lo investiga por presunta receptación indebida de información de personas en violación de la ley de inteligencia vigente. Junto con él comparecerán el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas y el habilitado Marcelo Leandro Correa.

La imputación fue fijada para el 19 de abril en hora a determinar, no será en una audiencia oral y pública ni frente a la presencia de un magistrado. El juez Nicolás Falkenberg consideró que al llegar las personas imputadas en libertad a la instancia en donde los fiscales les formularán cargos el trámite se realizará, como en la mayoría de casos semejantes, en la sede del Ministerio Público de la Acusacion (MPA) en Santa Fe, dado que según el juez no hay necesidad de efectuar control de legalidad de la detención. Esto implica que la formulación de cargos, la figura de las imputaciones y la evidencia no será conocida en el momento de ser planteada y dependerá de la difusión que le den las partes.

Lo que sí se tratará en audiencia pública serán los pedidos de medidas cautelares en las que los fiscales eventualmente pueden pedir medidas restrictivas de la libertad o imposición de cauciones económicas. Se espera que esa audiencia sea al día posterior de la imputación.

La fijación de fecha para la imputativa concluye un controvertido proceso que tomó estado público hace casi cinco meses. Fue el 26 de noviembre pasado cuando la sede en Rosario del Ministerio de Seguridad fue allanada en busca de documentación que, según la información revelada por el MPA de Santa Fe, podía estar siendo destruida. En ese momento trascendió que desde la cartera que conducía Sain se habían ordenado acciones de búsqueda de información personal a dirigentes políticos, empresarios, funcionarios judiciales y periodistas. El caso fue conocido como de espionaje ilegal algo que todas las defensas y los mismos involucrados refutaron.

Más tarde un comunicado del mismo MPA corroboró que distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad estaban bajo investigación por violación a la normativa vigente de inteligencia. Se les atribuía “haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

Frente a esto las defensas de los funcionarios cuyos nombres trascendieron negaron enfáticamente la comisión de delito alguno, señalaron que la imputación implicaba una persecución política y señalaron violaciones elementales a garantías de los imputados al secuestrarles sin orden judicial teléfonos y efectos personales. También denunciaron que se violó la cadena de custodia de objetos retenidos por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo instrucciones de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez y que hubo en algunos casos adulteraciones de los mismos. El MPA replicó en un comunicados que los elementos secuestrados fueron "correctamente preservados" y que "se respetó la cadena de custodia".

El resto de los ex funcionarios que están sujetos a la investigación serán citados a comparecer en una segunda oportunidad que no está aún definida.