La jueza penal de tribunales de Santa Fe, Rosana Carrara, rechazó recientemente un pedido para que la Justicia provincial intervenga en la causa que investiga el hallazgo de la cueva financiera de la zona del Puerto y por la que fueron procesadas cinco personas. Entre ellas, el exasesor del Concejo Municipal, Yamil “Turco” Benavidez y su pareja, la contadora y exdirectora de Crédito Público, María Laura Miassi.

Esta última, juntamente fue quien el pasado 13 de octubre presentó un escrito en tribunales, por medio de la abogada Clara Vázquez, para que la causa federal pase a manos del fuero provincial al entender que no existe un interés de carácter nacional o federal de los hechos.

“Los sujetos, hechos, territorio e intereses se circunscriben al ámbito de competencia de la ciudad y provincia de Santa Fe, debiendo disponerse la competencia ordinaria”, había sostenido en el recurso presentado en ese entonces.

Sin embargo, a dos meses de aquella presentación, la jueza Carrara rechazó el pedido y ratificó que el Juzgado Federal N°2, en donde se tramita la causa, es el que tiene que intervenir en la investigación. “Es justamente el fuero de excepción el que tiene que indicar si se encuentra comprometido un interés de la Nación, y en el caso lo ha hecho, con lo cual la parte no puede arrogarse, por vía indirecta, la facultad de atribuir la competencia a la Justicia ordinaria”, sintetizó la jueza en su fallo.

Procesamiento pero no firme

El hallazgo de la cueva financiera de la zona del Puerto se dio el pasado 12 de septiembre y tuvo lugar en un departamento del piso 12 del complejo Amarras Center de Santa Fe. Allí, detectives de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) ingresaron en el marco de una causa provincial por retención de bienes pero al revisar las instalaciones se toparon con una mesa llena de dinero (dólares, pesos, euros y reales) y tarjetas de débito del banco Santander.

Por el procedimiento fue detenido el exasesor del Concejo Municipal, Yamil “Turco” Benavidez, quien alquiló el inmueble y al cual le secuestraron a $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; 23.000 reales y 39 tarjetas de débito pertenecientes a cuentas bancarias fantasmas.

Benavidez fue luego procesado por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, defraudaciones y falsificación. Tales cargos fueron dispuestos por el juez Aurelio Cuello Murúa, a partir de una investigación que encabezó el fiscal Walter Rodríguez.

Junto a Benavidez fueron también procesados, pero en libertad, la contadora Miassi pero solo por intermediación financiera y lavado de activos. La misma, tras recibir el procesamiento en su contra, fue apartada del cargo provincial que ocupaba.

Aquella resolución, la cual debe ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, también alcanzó al socio de Benavidez en la firma "Servicios La Resistencia", Carlos Quartucci. Ambos constituyeron 2022 una empresa la cual, a partir del hallazgo de la cueva financiera, quedó bajo la lupa de Justicia.

La misma medida fue dispuesta para los presuntos colaboradores de Benavidez. Se trata Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo.