La Fiscalía Federal de San Nicolás formalizó una investigación penal contra una empresa de logística portuaria por irregularidades en el transporte y almacenamiento de carbonato de sodio, una sustancia incluida en el listado de precursores químicos sujetos a control estatal, ya que, entre otros usos, es esencial para la elaboración a gran escala de cocaína. La pesquisa abarca una operatoria vinculada con más de 30.000 toneladas de ese producto y posibles incumplimientos de las obligaciones de registro, documentación y trazabilidad. En ese marco, el juez hizo lugar a un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de la firma.

La investigación tiene como imputados a la empresa Terminales y Servicios S.A., en carácter de persona jurídica, y a su presidente, por presunta infracción a un artículo de la ley de drogas que, específicamente, sanciona a quienes falseen u omitan presentar datos ante la autoridad de control, según publicó el portal fiscales.gob.ar.

La audiencia de formalización, en la que intervino el titular de la sede descentralizada, el fiscal federal Matías Di Lello, fue realizada el jueves pasado ante el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo.

Las irregularidades bajo investigación
La pesquisa se inició a partir de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 12 de junio pasado. Según los elementos reunidos, la operatoria involucró 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera y transportadas desde el puerto mediante una flota de 31 camiones.

Entre las irregularidades detectadas, se encuentran la falta de inscripción de los vehículos y del depósito utilizado para almacenar parte de la mercadería en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), y el empleo de camiones y choferes de una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control. También se advirtió que los traslados se realizaron sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Arca.

Uno de los puntos bajo análisis es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito de la firma que no contaba con la habilitación correspondiente.

La fiscalía también relevó diferencias de stock: 20 toneladas respecto de los registros aduaneros y otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma. A su vez, se detectaron inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y los registros aduaneros.

Por otra parte, según la información aportada por la empresa prestataria del servicio de geolocalización, 18 de los 31 camiones utilizados no tenían activo el sistema de GPS y, en los restantes, se detectaron desvíos de ruta que no habían sido informados.

Las actuaciones también incluyen presuntas inconsistencias en la documentación presentada para operar la carga, que habría sido declarada como fertilizante, y la falta de entrega de información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito.

De acuerdo con la información incorporada a la pesquisa, la firma luego regularizó la inscripción del depósito y de los vehículos secuestrados ante el RENPRE. Sin embargo, en el ámbito administrativo el organismo de control le impuso una multa de 504.688 pesos por los incumplimientos detectados, ratificando que el mero inicio del trámite no autoriza el acopio anticipado de sustancias controladas.

En el proceso penal, la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás solicitó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de Terminales y Servicios S.A., con el objetivo de asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa, lo que el juez admitió.

¿Qué es el carbonato de sodio y por qué se controla?
El carbonato de sodio es un compuesto químico sólido, soluble en agua y de color blanco. En el ámbito industrial legítimo, se utiliza masivamente en la fabricación de vidrio, jabones, tratamiento de aguas y en la actividad minera vinculada a la explotación de litio.

Aunque no es un estupefaciente, está incluido en la Lista II de precursores químicos que reglamenta el RENPRE, por lo que su transporte y almacenamiento están sujetos a obligaciones específicas de registro y control.

Según explicó la fiscalía, ello se debe a que es un insumo químico esencial utilizado en los procesos de neutralización, purificación y conversión de la pasta base para la elaboración a gran escala de clorhidrato de cocaína.

Al ser un posible precursor químico eventualmente empleado para el narcotráfico, la ley exige el registro obligatorio de toda su cadena logística.