Tres empleados municipales de Cañada de Gómez fueron imputados por una defraudación contra la administración pública a raíz de una maniobra que habría permitido desviar más de 76 millones de pesos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones municipal hacia sus propias cuentas bancarias. La audiencia se realizó el viernes pasado en los Tribunales provinciales de esa ciudad.

Una de las acusadas, identificada como F.F. –tanto la Fiscalía, la Oficina de Gestión Judicial y el municipio mantuvieron en reserva las identidades–, se desempeñaba como encargada de la Caja de jubilaciones y habría tenido el papel central en la operatoria.

Según la imputación del fiscal Santiago Tosco, entre noviembre de 2025 y junio de 2026 utilizó su posición jerárquica y el control final sobre la carga de datos para incorporar transferencias irregulares desde una cuenta institucional del Banco Credicoop hacia su cuenta personal. Para eso, habría consignado falsamente pagos a jubilados fallecidos, beneficiarios inexistentes y terceros ajenos al sistema previsional. El monto que se le atribuye asciende a más de 25 millones de pesos.

La investigación también involucra a M.A.F. y H.C., otros dos empleados municipales que habrían colaborado con la maniobra. A la primera se le atribuye haber intervenido en la liquidación de haberes entre enero y junio de este año para desviar más de 24 millones de pesos hacia una cuenta propia, bajo la apariencia de pagos previsionales. En tanto, H.C. habría integrado la operatoria entre noviembre de 2025 y junio de 2026 y recibido transferencias por más de 27 millones, sin respaldo ni justificación en el padrón de beneficiarios.

En conjunto, las acreditaciones detectadas en las cuentas de los tres imputados superan los 76 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que los movimientos provocaron un perjuicio económico tanto a las arcas municipales como a la Caja de Jubilaciones. Los tres fueron imputados como coautores de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El caso se conoció en junio, cuando una auditoría interna detectó movimientos inusuales y procedimientos irregulares en el circuito de pagos de la Caja. El Municipio apartó entonces de sus funciones y sin goce de sueldo a los agentes involucrados e inició actuaciones administrativas. La denuncia penal fue presentada formalmente el 2 de julio por el secretario de Gobierno, Luciano Travaglino, quien había explicado que se investigaban transferencias de anticipos por montos superiores a los autorizados y pagos que continuaban figurando a nombre de personas fallecidas, pero que terminaban en cuentas bancarias ajenas a esos beneficiarios.

En paralelo, el Concejo aprobó la contratación por 90 días de una ex empleada municipal, Mabel Scrosatti, para asistir y auditar el organismo previsional.

El juez Álvaro Campos admitió la calificación legal propuesta y dispuso que los tres imputados transiten el proceso en libertad, bajo una serie de medidas alternativas que regirán durante 90 días, hasta el 29 de enero de 2027. Entre ellas, deberán fijar domicilio, presentarse una vez al mes ante la Oficina de Gestión Judicial y no podrán salir del país ni ingresar a la dependencia de la Caja de Jubilaciones sin autorización judicial.